¿Queremos ser los primeros en el ranking del PISA? ¿Queremos hacer ciudadanos críticos y educar en valores? ¿Queremos que los mejores alumnos sean todavía mejores y a los peores dejarlos a la cuneta? ¿Queremos que todos nuestros chicos y chicas tengan las mismas oportunidades y la misma calidad de educación, sea cual sea su origen cultural, económico o social? ¿Queremos que la escuela eduque en la competitividad o en la cooperación? ¿Hay alguna relación directa entre lo que evalúa el PISA, lo que dicen nuestros currículums y lo que hay en nuestros libros de texto?

¿La formación que se da a los futuros maestros y profesorado de secundaria responde a lo que después se les pide que hagan? ¿Alguien cree que con aulas llenas de alumnas con muchas dificultades se puede dar una educación de calidad? ¿Alguien cree que se puede asegurar una igualdad de oportunidades cuando tenemos un sistema educativo totalmente dualizado, en el cual la clase social y el origen cultural es el que marca a qué tipo de escuela irá el alumnado?

Un problema de base

La mejora de la educación no implica sólo subir escalones en los informes PISA, sino ser capaces de dotarnos de una educación coherente que implique a todo el mundo: escuela, familia, medios de comunicación y sociedad en general. Una educación que dé respuesta a los profundos cambios sociales y controle las crecientes tendencias privatizadoras. Un modelo educativo del cual la enseñanza pública sea el eje vertebrador y reúna a la gran mayoría de nuestro alumnado. Que garantice la respuesta pública a las necesidades educativas de las persones adultas y que asegure la educación infantil pública y gratuita de 0 a 6 años.

Por todo esto una primera medida tiene que ser un aumento, una redistribución y una gestión pública de los recursos. La administración tendría que tener como objetivo a largo plazo que todas las escuelas y los servicios educativos financiados con dinero público sean de titularidad pública. Para lo cual hay que establecer nuevos mecanismos para que los centros privados que tengan una voluntad de servicio público se puedan integrar en la red pública, garantizando la permanencia de los puestos de trabajo. Así, todos los recursos destinados en los centros privados de élite se podrían destinar a financiar los centros públicos. Pero hace falta, también, una redistribución de los recursos en función de las necesidades del alumnado. Los centros que tienen alumnos con más dificultades tienen que recibir más recursos, de todo tipos: menos alumnos por aula, más profesorado, mejores instalaciones, más especialistas y más apoyo. El profesorado que trabaja en estos centros tendría que ser el más muy preparado y el mejor considerado. Sólo así eliminaríamos los centros gueto y haríamos posible la calidad para todo el mundo.

Hay que recuperar el entusiasmo por la docencia, pero esto no se consigue, más bien al contrario, con medidas autoritarias, con evaluaciones arbitrarias y con organizaciones jerarquizadas, como plantea la LEC. Lo que se necesita es asegurar a todo el profesorado unas condiciones materiales para poder hacer bien el trabajo: unos edificios en condiciones, una ratio inferior, más horas por tutorías, unos materiales adecuados, y una organización de los centros que sea democrática y estimule la participación, la innovación y el trabajo en equipo. Por eso es imprescindible unas plantillas estables y el compromiso de la administración de apoyo y medios para sacar adelante los diferentes proyectos de centro.

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